Nadie duda de la complejidad pluridimensional de una problemática tan antigua y álgida como la indígena, atinente a tantos pueblos con los cuales tenemos deudas históricas seculares aún sin resolver; pero mi experiencia de muchos años me hace saber sin lugar a dudas que el más grave de estos problemas es el de la tierras y territorios que corresponden en justicia a cada uno de estos pueblos y comunidades, luego de una lucha y resistencia de más de quinientos años (500). Sin embargo, me duele muchísimo constatar que en la mayoría de los países, incluyendo a los mas progresistas y revolucionarios, es este el que tarda más tiempo plantear y solucionar, por múltiples razones que trataré de resumir de manera conspicua y didáctica. Generalmente, los indígenas requieren grandes extensiones en virtud de sus culturas especificas que casi siempre involucran una sana itinerancia; por ejemplo, la previsión de no agotar con sus conucos y jardines las nutrientes de suelos pobres como los de la Amazonia: ello ha valido a sus comunidades el reconocimiento internacional de ser los primeros defensores de nuestros grandes pulmones vegetales, reservas hídricas y de lo que nos queda de ozono. A esto se suma la existencia de lugares sagrados, cementerios y vías de comunicación que unen unas aldeas con otras e imprimen al conjunto territorial cierta continuidad: en efecto, el mayor temor de estos pueblos, desgraciadamente bien fundamentado, es el de ser desintegrados y reducidos a pequeños manchones de minifundios rodeados por poblaciones extrañas a su identidad, junto con sus obras interventoras y sus haciendas de dimensiones progresivamente mayores.En relación con este punto, para cualquier ser pensante y dotado de una mínima sensibilidad se le hace evidente que son múltiples y diversas las apetencias dirigidas a echar mano de los territorios originalmente poblados por nuestros primeros habitantes. Digo, territorios, aunque la palabra no figure en la constitución, porque ninguna comunidad sana y viable se conforma estrictamente con la porción de tierras bajo cultivo en un momento dado de su existencia histórica. Esto es algo que hay que respetar si de verdad le damos rango de categoría al llamado “Socialismo indígena”, que tanto tiene que aportar a cualquier modelo societario transformador como seria el caso, en primerísimo del termino de nuestro socialismo de siglo XXI; ya anunciado pero que sigue tardando en aparecer con características propias, es decir, inconfundiblemente endógenas. Están por un lado los terratenientes actuales quienes, en virtud de sus propios intereses acumulados, se niega a abandonar sus posesiones y como mínimo exigen las bienhechurías. Pero esto es solo una parte del problema. En todos los países amazónicos incluyendo a Venezuela, la migración de nuevos pobladores y colonos hacia las zonas indígenas continúa sin cesar, entre los cuales se encuentran candidatos a terratenientes pero también gente de extracción paupérrima. Lo cierto es que sin una buena protección jurídica, esmeradamente mantenida y supervisada, la mayoría de las comunidades autóctonas permanecen indefensas. Esto es especialmente cierto cuando se trata de grupos irregulares como los paramilitares y narcotraficantes del vecino país, pero igualmente sucede con los refugiados colombianos que buscan amparo entre nosotros.
Por otra parte, está la presencia arrolladora de las trasnacionales madereras y mineras de toda laya, a la que se suman también los mineros artesanales, generalmente ilegales, cuyos exponentes más conocidos son los garimpeiros brasileños, pero también existen de otras nacionalidades. Nuestro propio gobierno está influenciado por sectores provistos de un importante poder económico y político que propicia fortalecer entre nosotros la minería legal- no menos contaminante ni interventora de la superficie boscosa que su contraparte ilegal- frecuentemente a través de convenios internacionales de importante peso especifico. Aún no hemos llegado a una enumeración exhaustiva ni tocamos los detalles menos obvios; pero ya con esta lista parcial tenemos elementos suficientes para afirmar que los pueblos y comunidades indígenas siguen corriendo un grave peligro en toda su existencia como culturas y especificas y principalmente en la posesión continuada de sus tierras tradicionales o de cualquier extensión utilizable que se usufructúan en la actualidad. Es indudable que la Constitución Bolivariana y un conjunto de disposiciones normativas de data reciente, especialmente la ley de los pueblos y comunidades indígenas protegen a las mismas al menos en lo jurídico y formal. No obstante en la realidad concreta de estos diez años de proceso revolucionario, poco se ha avanzado en esta materia y más bien se han acumulado multitud de problemas relacionados con la demarcación de las tierras comunales y la consolidación definitiva de los asentamientos actuales. Desde luego, la culpa no puede atribuírseles exclusivamente ni unilateralmente a las autoridades de distinto nivel como tampoco a las instituciones responsables. Ha estado presente la desorganización de los propios pueblos indígenas y de sus movimientos representativos, entre los cuales ha surgido situaciones de innegables desacuerdos y falta de persistencia en sus justas peticiones.
Es también necesario mencionar la influencia a veces negativa de algunas ONG y de ciertas misiones religiosas, incluso más allá de las archiconocidas Nuevas Tribus y otras agrupaciones análogas. Pero también es cierto que lamentablemente y en forma gradual los pueblos indígenas han dejado de ser prioritarios al menos durante los últimos cinco años. Tal hecho amerita una solución urgente y cónsona con la gravedad del tema planteado, en beneficio del país y del planeta entero.
Esteban Emilio Mosonyi
(Este documento es parte de la recopilación de, material revolucionario y socialista. Que lleva acabo Camino Socialista, Para formar y seguir alimentando la memoria histórica)
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